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Congreso enfermo
| | | 31 de marzo de 2008 |  | |
La para-política, la polarización y la sombra de una nueva reelección tienen muy caliente el ambiente en el Capitolio. La agenda legislativa no avanza.
El Congreso de la Repú-blica no se repone de los golpes que le ha propinado la penetración de los paramilitares, que lo tiene contra las cuerdas. Pese a la disposición para legislar de los parlamentarios que no temen verse involucrados en procesos judiciales, que son la mayoría, lo cierto es que el ambiente político y sicológico del Capitolio sigue complicado.
El martes 25 de marzo, cuando empezaron las sesiones ordinarias del segundo semestre de esta legislatura que comenzó el 20 de julio de 2007, los congresistas querían concentrarse en los retos legislativos para estos cuatro meses. Sin embargo, pocas horas después del entusiasmo, la actividad parlamentaria -que venía de unas casi inútiles sesiones extra- hizo evidente que en el recinto de la democracia, la temperatura está que rompe el termómetro.
La polarización entre la bancada uribista y la oposición no tiene punto medio. Y si bien esto es normal en un sistema democrático como el colombiano, no lo es la forma como se expresa. Basta revisar con detenimiento el contenido de algunas de las frases más recurrentes en el debate improvisado contra Piedad Córdoba, que reflejan que la política está cargada de rabia, adjetivos y satanización.
Sin querer queriendo, el debate pareció un contrapunteo de quién, con su lenguaje o sus tesis polarizantes, ponía en peligro la vida de quién. "Ustedes están buscando es que me maten", decía Piedad, "Dios no quiera que a la senadora Córdoba le pase algo", decía otro senador. "Usted le puso la lápida en el cuello", ripostaba otro.
Los síntomas no están sólo en el leguaje. Una senadora de uno de los partidos de gobierno opina que la agresividad y la desconfianza en el Congreso se sienten en los pasillos, en las comisiones, en el aire. "No hay cómo conciliar un proyecto, cualquier cosa que venga de los partidos uribistas es descalificada por la oposición sin siquiera escuchar de qué se trata". "No nos bajan de 'paracos' a todos, la generalización nos pone en riesgo", opina otro congresista de Cambio Radical.
Por su parte, la oposición (el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo) siente que el disenso es normal en la coyuntura, pero también manifiesta la presión del uribismo para señalarlos como cercanos a la guerrilla y de ser tolerantes con el terrorismo.
En medio de este panorama, el Congreso tiene sobre la mesa un remedio formulado por el gobierno para calmar la maluquera que ha debilitado gravemente su legitimidad. Ese jarabe tiene dos dosis, una, la reforma política, y la otra, una reforma electoral. Ambas reformas pretenden aumentar los controles para evitar la injerencia en la política de los grupos ilegales o las expresiones delincuenciales que, como está comprobado, han llegado de la mano de los votos hasta el Congreso.
El plato fuerte de esta reforma tiene tres puntos esenciales. El primero, la propuesta de subir el umbral de votación con la que los partidos políticos conservan su personería jurídica, que hoy está en el 2 por ciento y la propuesta es que llegue al 5 por ciento, lo cual reduciría el número de partidos políticos existentes, con el argumento de que se harían más visibles y por ende habría más control sobre sus miembros. Pero los partidos pequeños, la mayoría uribista, creen que esto les impediría seguir existiendo y además que el país volvería a un periodo similar al del Frente Nacional, en el que sólo había espacio para dos o tres partidos mayoritarios.
Este tema del umbral del 5 por ciento también es objetado por varios especialistas, incluido un proyecto de apoyo a la reforma política del programa de la ONU que considera que el espíritu de la Constitución de 1991 es una democracia participativa y que subir el umbral puede restringir esa condición. El gobierno, que poco ánimo le ha puesto a la reforma, propone que el aumento sea gradual.
El segundo punto son las sanciones para los partidos que permitan 'colados' o infiltrados con vínculos non sanctos, como la pérdida de las curules que hayan obtenido por esos votos conseguidos de manera irregular. Y el tercero es un artículo que permitiría hacer consultas entre partidos distintos para elegir candidatos a elección popular. Este último tiene un objetivo específico y es que la bancada uribista tenga un mecanismo para elegir el 'sucesor' de Uribe.
Estos artículos ya pasaron la primera vuelta y, por tratarse de un acto legislativo, deben ser aprobados en segunda vuelta antes del 20 de junio. A pesar de que el país espera que los políticos tomen medidas que impidan el paso del crimen organizado a las instituciones, lo más probable es que el Congreso, por ahora, no se tome este remedio y la reforma política no pase. Y aunque esto no le quitaría del todo la enfermedad de la ilegitimidad a la corporación, si le bajaría la fiebre que por ahora, más que legislar, parece hacerlo delirar.
Y, como si fueran pocos los ingredientes que hacen que el ambiente en el Congreso se pueda cortar con cuchillo, la sombra de una posible reforma constitucional para abrirle la puerta a una nueva reelección del presidente Álvaro Uribe, promovida por la dirigencia del Partido de la U, anima aun más la confrontación.
Incluso entre los partidos afectos al mandatario no hay consenso sobre la conveniencia de una nueva aventura reformista con un beneficiario de nombre y apellido. Para la oposición, mientras no haya claridad del mismo Uribe sobre este tema, no hay chance de que el Congreso logre una mejoría. | | Autor: Revista Semana | |
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