|
|
|
|
|
|
|
Alcaldes que empezarán a gobernar en enero temen por reducción de ingresos para sus municipios
| | | 30 de noviembre de 2007 |  | |
En vísperas de tomar posesión de sus cargos, los mandatarios locales piensan que la nueva ley de transferencias les quite maniobra para invertir. La inquietud salió a flote en un seminario donde se preparan para sus cargos y en el que la Contraloría les pidió atención en el manejo de los recursos.
Por primera vez desde que entró en vigencia la Constitución de 1991, los alcaldes de los 1.099 municipios del país y los gobernadores de los 32 departamentos están reunidos en un mismo recinto.
Durante toda esta semana están en Corferias, en Bogotá, asistiendo a la primera cita con entidades nacionales después de quedar electos. Se trata del Seminario de Inducción a la Administración Pública para Alcaldes y Gobernadores. En él, la Escuela Superior de Administración Pública, la Contraloría y el gobierno nacional pretenden capacitarlos sobre todo lo que debe saber un mandatario para tomar decisiones y ejecutar los recursos.
Los funcionarios electos se posesionarán el próximo primero de enero. Sin duda, la consigna más exigente es la que les hizo el contralor general Julio César Turbay. Él fue enfático en dos cosas. Les dijo que debían tener mucho cuidado con las contrataciones, porque “muchos alcaldes terminan investigados, destituidos y hasta presos por irregularidades que cometen, muchas veces, por desconocimiento de las normas”.
Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, habló por todos los alcaldes. Dijo que no está de acuerdo con que se les reste maniobra a las administraciones locales.
Luego, les advirtió que se sentía muy inquieto por el manejo de los dineros de las regalías y de las transferencias, puesto que “se están perdiendo y desviando muchos recursos del erario”.
Temen por centralización
El llamado de Turbay no fue gratuito. Los alcaldes son los encargados de solucionar directamente las necesidades de la gente, toda vez que la Constitución del 91 describe a Colombia como un Estado unitario, pero descentralizado. Eso quiere decir que hay autonomía regional y local para tomar decisiones.
Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, teme que esa condición se pierda. La razón es que el Congreso aprobó a mediados de este año el proyecto de ley que reforma la distribución de las transferencias a los municipios.
Esos dineros son los que destina el gobierno nacional a los municipios para solucionar la falta de salud, saneamiento básico y educación, primordialmente.
El meollo de todo se inició, paradójicamente, con la Constitución de 1991. En ella, se acordó que la Nación aportaría a las transferencias cerca de 40 de cada 100 pesos que recibiera por impuestos. Aquel dinero incrementaría según el crecimiento del recaudo nacional.
Cambio repentino
Pero en 1999 el Estado sufrió una crisis en sus finanzas y tuvo que modificar el sistema de transferencias en 2001. Ya no podían aumentar más año por año. Por eso, se creó una solución pasajera que operaría desde 2002 hasta 2008.
Ésta consistía en que entre aquellos años, las transferencias ya no serían un porcentaje de los ingresos de la Nación, sino que se calcularían según la inflación anual más 2 puntos en los primeros cuatro años, y 2,5 en los tres restantes.
Como consecuencia, se notó una reducción de los ingresos para los municipios, pero se aceptó porque era pasajero. Después de 2008, el tema sería manejado según lo estipulado en la Constitución.
Pero ahora, que se venció la norma dictada en 2001, se aprobó una propuesta diferente. La nueva ley consiste en que las transferencias crecerán entre los años 2008 y 2009 según la inflación más 4 puntos; en el año 2010, más 3 puntos y medio, y entre 2011 y 2016, más 3 puntos.
Ese proyecto fue uno de los motivos por los cuales miles de estudiantes, maestros y trabajadores hicieron varias marchas a mediados del año. Pero fue en vano. El Congreso la aprobó.
Ahora está pendiente el acto legislativo para hacer efectiva aquella norma y ésta lleva una nueva condición. De las transferencias que reciba cada municipio, el 20 por ciento irán a las gobernaciones, para que desde allí se manejen planes de agua regionales. El gobierno nacional aspira a que el Congreso la apruebe antes de que termine la actual legislatura, el 16 de diciembre.
“Es muy chocante que nos obliguen”
Toro sabe muy bien que a los alcaldes no les llama mucho la atención que les estén reduciendo el dinero que les entra. Por eso, en un emotivo discurso el martes, enalteció a los 1.099 mandatarios locales.
“Los recursos deben ejecutarse en el primer nivel de la administración, que son las alcaldías, por ser más cercanos a la gente. Si queremos organizarnos para llevar agua potable a las casas, lo hacemos nosotros mismos, pero que no nos lo impongan porque eso es muy chocante”, dijo en tono enérgico y despertó los aplausos del auditorio.
Para Toro, cuando los mandatarios quieren negociar entre ellos, lo hacen “sin que nadie los obligue”, tal y como ocurrió en Atlántico. “Cuando yo fui gobernador, logré aglutinar los recursos de mis municipios para llevarle agua potable al departamento. Fuimos modelo en Colombia y lo hicimos por voluntad de todos”, recuerda Alex Char, hoy alcalde electo de Barranquilla.
Gobernaciones más fuertes
El airado discurso de Toro se debe a que en el ambiente se aspiran dudas de centralización. Hay temores de que el gobierno central quiera manejar los dineros regionales y locales, entre otras cosas, porque en algunos no se ha hecho el manejo adecuado. Por ejemplo, hay sitios que aún no tienen agua potable, hay baja cobertura en salud y educación, a pesar de que las transferencias alcanzarían para exitosos proyectos.
A ese respecto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, piensa que “donde el dinero público ha sido mal ejecutado, la tarea entonces es darle poder a la ciudadanía y que se dé una mayor presencia del control del Estado central. Esa podría ser la solución y no el pretexto siempre utilizado de que se centralice porque los recursos no son bien ejecutados”.
Para aquellos temores de que el gobierno nacional quiera volver a dominar todos los dineros, la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería, tiene una posición. “No queremos atacar la descentralización”, dice.
Según cuenta, más de la mitad de los recursos que recibe la Nación van a dar a los gobiernos locales. Y explica que los montos de las transferencias van creciendo cada año. En 2007, se giraron 17,5 billones de pesos. Para 2008, serán 19,5.
Sobre el tema de que cada municipio le dé el 20 por ciento de los recursos a su respectiva gobernación, Rentería explica que “se trata de que el departamento tenga más capacidad de apalancar recursos, de generar nuevas fuentes de financiación, de invertir en el municipio que tenga menos agua y que los municipios pequeños que tienen dificultades para financiarse, puedan brindarle a la población el acceso al agua potable y el saneamiento básico”. Además, con esto, se les dará más poder a las gobernaciones.
Y es que algunos mandatarios departamentales piensan que la figura del gobernador está reducida. Para muchos, las decisiones se toman en lo local o en lo nacional, pero lo regional no tiene mucha influencia en los proyectos.
Guillermo González, gobernador electo del Cauca, lo siente así. “En mi concepto, un gobernador ha perdido mucho significado político. Lo tenía cuando era el que nombraba a sus alcaldes. Pero hoy ellos tienen unos grados muy altos de autonomía que, en cierto sentido son buenas, pero deben llegar a que el gobierno departamental replantee el papel”.
E insiste en que “el gobernador hoy tiene que ser ese líder de los proyectos de desarrollo de la región y tiene que ser el que aglutina, el que llama, el que reúne a las demás autoridades para que pueda tener propósitos comunes”.
Para la gobernación de Nariño fue elegido Antonio Navarro Wolf. Él, que fue constituyente de la Carta de 1991, sabe bien qué fue lo que pasó para que los gobernadores perdieran poder.
“Voy a hacer una confesión. En la Asamblea Constituyente, hicimos un buen análisis del papel del gobierno nacional y de sus funciones. Hicimos un buen análisis de los municipios y sus funciones. Pero no tuvimos tiempo de hacer un análisis de las gobernaciones. Eso nos quedó en el limbo”, dice.
Explica que eso ocurrió porque “en cinco meses, no nos quedó tiempo para estudiar cómo darle esa función al eslabón intermedio. Es que para el gobierno nacional es muy difícil estarse entendiendo con 1.099 alcaldes, es demasiado disperso todo. Para muchas cosas se necesitan proyectos regionales”.
Por eso, está de acuerdo con que se promuevan proyectos regionales bajo el control de las gobernaciones, pero difiere en que “se les quite a los municipios, para darles a las gobernaciones”.
Todas esas voces están reunidas ahora en Bogotá para decir que no están de acuerdo con las reformas que se plantean para las transferencias. Mientras tanto, el gobierno hace los últimos esfuerzos para que el Congreso apruebe el proyecto y pueda empezar a regir desde enero, cuando se posesionan los nuevos mandatarios.
| | Autor: Juan Esteban Mejía Upegui - Revista Semana | |
| |
